Finales de 2006. En pleno estallido de la vorágine inmobiliaria, cuando el negocio de la vivienda en la zona costera de Mallorca se oferta como irresistible, se produce el que constituiría el primer gran golpe contra la corrupción en Baleares. Se trata del caso Andratx, una compleja causa cuyas primeras investigaciones parecen limitarse a escasas licencias concedidas de forma irregular para convertirse, finalmente, en el paradigma de la corrupción urbanística en las islas.
La apertura de estas pesquisas, que terminarían desgajándose en 79 piezas separadas y sumarían más de 140 imputados entre ex altos cargos del PP, promotores, arquitectos y funcionarios, daría paso durante la década siguiente al estallido de más de una treintena de casos de corrupción en Baleares y supondría un antes y un después en la gestión del urbanismo balear. Once años después, ha tenido lugar el último juicio de esta macrocausa, que se ha saldado con un total de treinta sentencias condenatorias.
Todo arrancó en una época en la que el Ayuntamiento de Andratx, municipio del litoral de Mallorca con cerca de 11.000 habitantes, estaba gobernado por el popular Eugenio Hidalgo mientras Jaume Matas lo hacía en Baleares junto a la omnipresente Maria Antònia Munar, histórica líder de Unió Mallorquina –formación disuelta en 2011 ante el ingente número de procesados que arrastraba a sus espaldas– al frente del Consell de Mallorca.
Detención del alcalde
Las primeras pesquisas se prolongan durante varios meses, bajo secreto: se indagaba el patrimonio de diversos funcionarios del consistorio andritxol así como de arquitectos que intervenían de forma habitual en las obras que se llevaban a cabo en el municipio. Comenzaron a inspeccionarse construcciones y a recabarse documentación de toda índole posible.
El 27 de noviembre de ese año, una comisión judicial encabezada por los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, quienes se enfrentaban a la que sería su primera operación de esta envergadura, acceden a las dependencias del consistorio mallorquín, plagado de periodistas y cámaras de televisión. El registro del Ayuntamiento se prolonga hasta ya entrada la madrugada del día siguiente. Esa jornada, Eugenio Hidalgo es detenido y se autoproclama preso político al apuntar que todo es un “montaje” contra él.
Matas defiende la honorabilidad de su gobierno
El caso acababa de estallar. Y con él el teatro político entra en acción: quienes iban a ser sus compañeros de partido, pues Hidalgo acababa de fichar por el PP, se lavan las manos y Matas se proclama como el “primer sorprendido” por los hechos en una rueda de prensa que ofrece para defender su honorabilidad y la de su gobierno y se alza en defensor de las instituciones baleares.
Entre los primeros imputados se hallan la biógrafa del Rey Juan Carlos I, Seline Scott, a raíz de la construcción supuestamente irregular de una piscina en su residencia estival mallorquina –las pesquisas fueron posteriormente archivadas–, y el entonces asesor jurídico del ayuntamiento Jacobo Rodríguez Miranda, hijo del exministro de UCD Santiago Rodríguez Miranda, condenado por prevaricación en varias de las piezas del caso.
Un juez de 27 años
En una causa de proporciones descomunales, entre los encausados comienza a haber daneses, españoles, alemanes, suecos, chinos, suizos, británicos y franceses, y se libran comisiones rogatorias a paraísos fiscales como las Islas Caimán. Y se nombra a un juez de refuerzo dedicado en exclusiva a las investigaciones, Francisco José Pérez, a quien en junio de 2009 le es asignada la instrucción del caso no sin generar dudas entre numerosos letrados de la defensa: tiene 27 años y el juzgado encargado del caso es su primer destino.
El primer juicio del caso Andratx sentó en el banquillo al exalcalde de Andratx, al exjefe de Urbanismo Jaume Massot y al excelador municipal Jaume Gibert por la construcción del chalet del primer edil en terreno protegido. En una de las grabaciones exhibidas durante la vista oral llega a escucharse a Hidalgo pedir que le lleven unos burros para dar a su vivienda la apariencia de almacén agrícola. Los tres han cumplido condena por estos hechos (en una dura sentencia, al exalcalde le impusieron cuatro años de cárcel).
La investigación alcanza su cénit cuando en junio de 2010 el juez cita como testigo a quien fuese mano derecha de Matas, exdelegado del Gobierno, exsenador y expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, investigado en la actualidad en el marco del caso Cursach. Quiere interrogarle sobre si fue él quien, la misma mañana de los hechos, alertó al exalcalde Hidalgo de que iba a ser detenido.
Tan sólo dos días antes, Matas, Rodríguez e Hidalgo habían mantenido una reunión en la sede de la presidencia del Govern balear en la que el expresidente insinuó al alcalde que algo iba a suceder en su ayuntamiento y que, en ese caso, debía dimitir. Al día siguiente, domingo, Hidalgo acudió al consistorio para destruir documentos que posteriormente fueron encontrados por la Guardia Civil en la basura.
Tras la declaración de Rodríguez, el juez decidió no imputarlo si bien le advirtió en varias ocasiones a lo largo del interrogatorio que podía incurrir en un delito de falso testimonio.
Florentino entra en escena
No sólo eso. Tan sólo un mes después el magistrado acordaba un segundo registro del ayuntamiento en el que se incautaba personalmente de documentación relacionada con la mansión de otro personaje de renombre, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, valorada en 25 millones de euros. El máximo responsable de ACS había comprado el chalet al empresario Matthias Kühn y lo escrituró a nombre de quien fuese su mujer, Pitina –fallecida en mayo de 2012–, de acuerdo a la documentación del caso.
Una pericial realizada por el arquitecto Rafael Balaguer determinaba la existencia de indicios de delito de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio en la construcción de una piscina de 200 metros cuadrados, gimnasios y vestuarios anexos a la lujosa vivienda del empresario, si bien la jueza Carmen González, quien meses después se haría con la instrucción del caso, acabaría archivando finalmente las pesquisas por prescripción.
La causa ha llegado a aglutinar cerca de 80.000 folios y más de 150 tomos, con todo ello dispuesto en un despacho que sirvió de almacén en exclusiva y con hasta quince peritos judiciales volcados en las pesquisas. El último juicio, celebrado el 18 de diciembre, sentó en el banquillo al exresponsable de Urbanismo Jaume Massot, a quien le fueron retiradas las acusaciones, y a la arquitecta municipal Isabel Seguí, quien se declaró culpable de un delito de falsedad imprudente. Todos los juicios llevados a cabo en el marco de esta macrocausa han derivado en sentencia condenatoria.