La frase nace de la expresión francesa "laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même", que puede traducirse como "dejad hacer y dejad pasar, el mundo va solo". Atribuida a Vincent de Gournay en el siglo XVIII, tiene sus orígenes y fundamento en un sistema económico francés (la fisiocracia) que propugnaba la despolitización de la economía por entender que "existe una ley natural que propicia el perfecto funcionamiento del mercado sin la intervención del Gobierno".

Pero la expresión laissez faire no se quedó en el terreno económico, también se ha asociado al concepto líder (director o conductor) para componer la expresión "liderazgo laissez faire" que define a un jefe no autoritario que deja hacer. También, al popularizarse, laissez faire se ha convertido en un lema que expresa la condescendencia de quien permite hacer sin intervenir.

Cuando el concepto laissez faire se aplica a la Operación Chamartín, hay que aclarar que en ella hay que actuar, que la actuación necesita actores, y que algunos actores han optado por no actuar, dejando en la decisión de otros el desarrollo y futuro de la operación.

Aunque puedan buscarse motivos (y/o disculpas) para este proceder, racionalmente solo cabe atender a la capacidad de quienes pueden decidir. Es, pues, en función de esa potestad como debe tratarse la postura del laissez faire en la Operación Chamartín. Haciéndolo así, aparecen dos grupos: los que sin capacidad para actuar optan por el laissez faire, y los que, teniéndola, actúan de una u otra forma.

Aparecen dos grupos: los que sin capacidad para actuar optan por el laissez faire, y los que, teniéndola, actúan de una u otra forma

Si, vista la situación en que se encuentra la Operación Chamartín, analizamos las capacidades de quienes intervienen en ella, veremos que al grupo de los que no tienen capacidad para actuar pertenecen afectados (propietarios de terrenos, vecinos, empresarios y usuarios), grupos políticos municipales en la oposición, CAM, y todos los que han de aceptar lo que se les imponga. Al segundo, los que sí tiene capacidad decisoria, sólo pertenecen la entidad que inició la operación, representada hoy por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el adjudicatario de los derechos de actuación (DCN salido de DUCH) y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

Como habrá tiempo para entrar en pormenores sobre los primeros, parece oportuno centrarse en los segundos. Aparecen así dos actores ajenos a la postura de laissez faire: el adjudicatario del concurso para el desarrollo de la operación (DCN) que trata de hacer la operación según contrató, y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que actúa en consonancia (o no) con las condiciones contractuales; y respetando (o no) un principio de coherencia con los actos propios que el ayuntamiento ha ido definiendo en la fase de preparación del contrato y en los 23 años de vigencia.

También aparece otro actor, ADIF (antes RENFE), con una postura que induce a valorar qué ha hecho. Sin grandes concreciones, puede resumirse que RENFE, bajo mandato socialista y con los informes de los técnicos del Estado, promovió un concurso que adjudicó al licitador que tomó forma en la entidad mercantil Desarrollos Urbanísticos de Chamartín SA (DUCH). En virtud de ese concurso, DUCH adquiría unos derechos y la obligación de promover el desarrollo urbanístico de la zona según el Pliego de Bases por las que se rige el proceso de concurrencia pública de ofertas en relación con el Desarrollo Urbanístico del recinto Ferroviario de Chamartín. Eso es lo que ha hecho ADIF. Es cierto, y conviene poner de relieve, que ADIF está obligada a respetar las obligaciones y derechos del adjudicatario (DUCH-DCN), que es a éste a quien corresponde "hacer las gestiones necesarias para el desarrollo urbanístico de la zona", y que ambos motivos pueden usarse para justificar la actuación de ADIF que conocemos. También es cierto que el proceder de ADIF, hoy  dirigida por Juan Bravo, está próximo a lo entendido como "condescendencia para permitir que las cosas vayan haciéndose". Todo ello en consonancia con el concepto de "liderazgo laissez faire" referido y con la profesionalidad de quienes intervienen en la operación.

Usando la expresión chusca de un hombre curtido en la contratación pública, la actuación de ADIF ha consistido en "licitar como ha querido, hacerse después un pilatos en beneficio propio, y dejarle el muerto al BBVA"

Pero, por lo conocido y usando la expresión chusca de un hombre curtido en la contratación pública, también es cierto que la actuación de ADIF ha consistido en "licitar como ha querido, hacerse después un pilatos en beneficio propio, y dejarle el muerto al BBVA". Es cruda la expresión, conviene aclarar que la situación de BBVA se debe a su participación en DUCH-DCN, y sería buena una mejora de la redacción que en aras de la fidelidad ha de darse por supuesta. Pero es evidente que se aprecia lo descrito, que parece existir un obstinado afán de oscurantismo, y que las peticiones de información y entrevistas presentadas ante ADIF no merecen atención.

Puede añadirse que este proceder coloca a la Operación Chamartín bajo un prisma adverso con dos intereses enfrentados: privados, atribuidos a DCN y por ende a BBVA-Constructora San José; y otros públicos, defendidos por el equipo de eobierno del ayuntamiento para merma de los opuestos. Sin embargo, la realidad es distinta: hay un solo interés público, que no enfrenta a nadie, en favor del cual RENFE licitó un concurso recurriendo a una participación privada que hoy ADIF parece no respaldar.

También parece necesario hacer constar que al servicio de la Operación Chamartín se ha establecido un modus operandi en el que (según opinión recogida en dependencias de un grupo político municipal), además de "un proyecto con demasiados angelitos negros", aparecen extravagancias, alguna simplona y tan absurda como la afirmación de que el derecho de propiedad es inconstitucional (de un diputado regional miembro de grupo con capacidad decisoria) y unas novedades administrativas que merecen atención porque de ellas depende el futuro de la operación.

Detengámonos en las llamadas novedades administrativas como parte de laissez faire condescendiente que permite que las cosas vayan haciéndose. Son las llamadas mesas que, según la misma fuente, "no existen como procedimiento reglado porque no están previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo": Unas reuniones sin regulación conocida, que no constituyen obligación formal para los que asisten, sin formato legal previsto, con una estructura de compromiso inferior al simple "memorándum de entendimiento", y con la entidad de simples encuentros de personas, que tienen como expresión la reunión privada y las declaraciones de algunos de los reunidos.

Se desconoce qué se intenta pactar, cómo se pretende hacer la operación, aspiraciones de los grupos que participan, presupuesto, quién va a pagar y/o dirigir las obras, calendario de ejecución y pagos, y el conjunto de flecos necesarios

Hasta ahora, han existido dos tipos de mesas: mesa política (se ha convocado una) en la que han participado políticos de los estamentos que tienen capacidad para decidir, con la intención, publicada, de echar a andar la operación; y mesa técnica (se han convocado tres y aplazado una) con la presencia de técnicos de esos estamentos sin que haya trascendido más que los nombres de alguno de ellos (Lasheras, Bardaji, por el ayuntamiento; y Simon Smithson por DCN) y la propuesta de dividir la operación en tres partes: Norte y Sur de Calle 30 y Estación. Teniendo ADIF uno de los equipos técnicos más competentes del mundo en ferrocarriles, extraña que no se informe si participan y los motivos para prescindir de ellos.

Amparadas las mesas técnicas en el ambiente de secretismo impuesto, se desconoce qué se intenta pactar, cómo se pretende hacer la operación, aspiraciones de los grupos que participan, presupuesto, quién va a pagar y/o dirigir las obras, calendario de ejecución y pagos, y el conjunto de flecos necesarios. En su defecto, únicamente se ha divulgado (hace unos días) la oferta de DCN para rebajar una pretensión inicial (hacer 17.000 viviendas) en un 20% para lograr concordia.

A partir de esta realidad, aparece un abanico de posibilidades en el que tienen cabida toda suerte de especulaciones, unas consistentes e importantes y otras simples bulos que alimentan la maledicencia y el empecinamiento cerril de los partidarios de lo oculto. Sin embargo, hay algo inexorable: No sólo los que tienen capacidad de decidir poseen derechos en la operación. Hay además un conjunto de afectados con derechos que hay que respetar. Ello impone la necesidad de someter lo que pudiera lograrse en las mesas a la consideración de los afectados. Y un calendario de actuaciones.

Con ello aparecerá lo que el grupo municipal apuntaba como posibilidad: "Como hay que someter lo que salga de las mesas a información pública, habrá que dar un plazo para hacer alegaciones, un periodo que aprovecharemos (todos, también grupos, asociaciones, personas jurídicas, vecinos etc) para hacer  mejoras con propuestas".

Hasta entonces, laissez faire, laissez passer.