El Gobierno central ha impugnado la celebración de la consulta para la construcción de un puerto en Tossa de Mar (Girona) prevista para el próximo 20 de noviembre. Una decisión contra la que el consistorio ya ha anunciado que presentará alegaciones.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Tossa de Mar ha reprochado al Gobierno que, teniendo conocimiento desde el 22 de septiembre de la consulta, haya esperado hasta el viernes pasado para impedirla, lo que ha considerado como un "retraso injustificado".
En concreto, la consulta quiere saber la opinión de los ciudadanos respecto a la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) para la posible construcción de un puerto, un hotel de cinco estrellas y cuatro viviendas con sus accesos en la zona de Codolar, una de las últimas calas vírgenes de Cataluña.
Suspensión cautelar
El consistorio cree que el fondo de la cuestión es que el Ejecutivo central indica que para celebrar la consulta es necesario un permiso del Consejo de Ministros, mientras que el ayuntamiento considera que la Ley catalana de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana del 2014, en la parte no declarada inconstitucional, permiten hacer consultas sin necesidad de pedir permiso al Gobierno.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Girona ha suspendido cautelarmente la consulta y ha dado tres días al consistorio para presentar alegaciones.
La alcaldesa apela a otras consultas similares
"España vuelve a impedir que en Cataluña consultemos a nuestros ciudadanos. Algunos se alegrarán, pero los que no tenemos miedo de sacar las urnas para que el pueblo opine libremente, lamentamos profundamente esta situación", ha sostenido la alcaldesa de Tossa de Mar, Gisela Saladich.
La primera edil ha indicado que hay muchos ayuntamientos que han celebrado consultas de acuerdo con la misma normativa, como Salt (Girona) y Tortosa (Tarragona), entre otros, "sin haber tenido problemas con Madrid".
"Impedir que los vecinos expresen su opinión"
"En este asunto no es ajena la actitud de algunos partidos, con y sin representación en el consistorio, que han trabajado en la misma línea que Madrid queriendo impedir que los vecinos puedan expresar su opinión sobre un tema que les afecta", ha aseverado Saladich.
Por ello, los servicios jurídicos municipales han trabajado en la defensa de la posición municipal y ahora será el magistrado titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Girona el que decidirá si se celebra la consulta o no.