Un palacio de la ópera que no llegó a construirse, 1,2 millones de euros públicos destinados a su anteproyecto y la contratación a dedo del arquitecto Santiago Calatrava para llevarlo a cabo. Es la síntesis de unos hechos por los que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach quiere, de nuevo, sentar a Jaume Matas en el banquillo de los acusados bajo una petición de un año y tres meses de prisión.

Le atribuye, además de un delito de prevaricación, otro de tráfico de influencias, el mismo por el que fue condenado en el primer juicio del caso Palma Arena y por el que tuvo que cumplir íntegramente nueve meses de cárcel.

Se trata, el caso de la Ópera, de una de las principales causas impulsadas en los últimos años en Baleares por proyectos millonarios cuya notoriedad acabó siendo mayor en los tribunales que por su utilidad pública.

Proyecto para favorecer sus propios intereses

Horrach es tajante en su escrito de acusación por estos hechos, al que ha tenido acceso Crónica Global: si a principios de 2006 el máximo mandatario balear proyectó un edificio destinado a las artes escénicas en la bahía de Palma y decidió su impulso de forma unilateral, lo hizo para "favorecer sus intereses propios" en esos meses clave, previos a las elecciones autonómicas a las que concurría como candidato a ser reelegido presidente del Govern autonómico.

También para beneficiar "los del partido político al que representaba", en alusión al PP, "a modo de golpe de efecto durante la campaña". 

La Junta Electoral lo prohibió

Y en este contexto, Horrach se muestra convencido de que Matas "era consciente de la práctica imposibilidad material y económica" de la iniciativa que tenía en mente, principalmente porque la quería presentar, en un gran acto -como quería que lo fueran todos sus proyectos-, apenas semanas antes del día de los comicios electorales. La Junta Electoral lo prohibió.

No obstante, antes de toparse con esta negativa, el también exministro ya se había puesto en contacto con Calatrava, había acordado verbalmente con él que éste se encargara del anteproyecto y había ordenado amañar un procedimiento cargado de irregularidades.

Sobre todo, porque no se había presupuestado cuánto costaría la infraestructura como tampoco se había estudiado la forma en que se financiaría. Ni siquiera había, según el escrito, "un simple análisis" sobre la normativa urbanística aplicable a la zona donde se pretendía ubicar la infraestructura ni "un mínimo análisis" sobre su viabilidad física.

Cortina de humo

Aún así, el Ejecutivo balear acabó abonando 1,2 millones de euros a Calatrava: un millón por la concepción del anteproyecto, 60.000 por la maqueta de la bahía de Palma donde estaba previsto que se construyera la ópera, otros 60.000 por la maqueta del edificio y 80.000 por un vídeo explicativo y de presentación del proyecto.

Todo quedó en una cortina de humo y ahora el Ministerio Público quiere que Matas responda por estos pagos. El propio Matas negó en su día ante el juez José Castro que hubiera indicios de delito en la tramitación del expediente de contratación del arquitecto valenciano, e incluso asumió la decisión de contar con los servicios de éste. Una decisión que calificó de "política" y "plenamente legítima".