El planeta tiene unos recursos naturales finitos y, en un contexto de emergencia climática, hay que apostar de manera firme por la sostenibilidad, la minimización de residuos, el desarrollo de las energías renovables, el autoconsumo y la gestión sostenible del agua. En los últimos años, la situación se ha agravado debido a un modelo basado en el consumo de combustibles fósiles que ha derivado en una crisis energética sin precedentes.
La consecuencia directa ha sido el encarecimiento del precio de la energía, que ha afectado de lleno a la economía de los ayuntamientos y de la ciudadanía. Ahora mismo, hay un único camino posible: la necesidad de reducir el consumo energético.
La Diputación de Barcelona y los municipios de la provincia trabajan por la emergencia climática y articulan diversas estrategias de adaptación y de transición energética.
Impulsa políticas de transición energética
Con el objetivo de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero y disminuir el consumo de energía, la Diputación colabora con los ayuntamientos en centros educativos, en escuelas de adultos y de educación especial, en conservatorios de arte y música, en casales juveniles y centros cívicos, en puntos de información juvenil y en instalaciones deportivas municipales.
También desarrolla políticas de movilidad sostenible, incentiva el uso del transporte público y cuenta con automóviles eléctricos o híbridos y con bicicletas en las flotas municipales.
La Corporación fomenta la movilidad sostenible con bicicletas en las flotas municipales / DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Paso firme hacia las renovables
Una vez logrado que los equipamientos reduzcan su consumo energético, el siguiente paso consiste en suministrarles energía a través de renovables. Y lo hace dando soporte a los municipios para la instalación de placas fotovoltaicas y de plantas de biomasa, y también mejorando el alumbrado público. Son actuaciones con un elevado impacto climático y se priorizan aquellas que contribuyen a una mayor reducción de emisiones de gases con efecto invernadero.
Esta política tiene una concreción tangible en el proyecto Renovables 2030, que hasta el momento ha invertido 70 millones de euros en los municipios de la provincia, con más de 120 proyectos de gran relevancia.
Energía renovable en el centro de información de la Pleta, en el Parc del Garraf / DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Adaptados a las nuevas circunstancias
Por otro lado, la Diputación desarrolla políticas para adaptarnos a la nueva situación climática. Se crean refugios climáticos —espacios para hacer frente a las olas de calor—; se apuesta por la renaturalización de las ciudades, con más verde y sombra en las calles; se actualizan los protocolos de actuación frente al incremento de episodios climáticos cada vez más intensos y se refuerzan las tareas de prevención de incendios.
Tomar conciencia
Uno de los datos más relevantes es que, si se aplican buenas prácticas, se puede ahorrar hasta un 15% de energía en la gestión de los edificios. Es por ello que la Diputación de Barcelona ofrece apoyo económico y técnico a los ayuntamientos de la provincia que se comprometen a ahorrar energía en sus equipamientos y a involucrar a sus trabajadores y a la ciudadanía. El objetivo es mejorar la eficiencia energética de los equipamientos y destinar el ahorro logrado a los hogares con pobreza energética.
Gran parte de esta gestión puede llevarse a cabo gracias a las campañas de educación y concienciación ambiental que cuentan con el apoyo de la Diputación de Barcelona.
La Corporación ha puesto también en marcha el Plan Clima, un proyecto interno que permite aplicar las mismas medidas de eficiencia energética en sus edificios y en su flota de vehículos, en las vías locales y en la red de espacios naturales, y que pretende alcanzar la neutralidad climática el 2030, veinte años antes de los hitos marcados por la Unión Europea.
La Diputación de Barcelona trabaja para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y despliega su acción de apoyo a los gobiernos locales de la provincia de acuerdo con estos ODS, que fueron proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 y forman parte de la Agenda global para 2030.