Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenibles
Óscar Puente, titular del ministerio que más disgustos le ha provocado al presidente Pedro Sánchez, sorprendió este viernes con una propuesta impensable: la realización de obras de renovación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria que une Barcelona con Madrid (hasta aquí, todo bien) suspendiendo el tráfico del principal corredor de alta velocidad del país durante un plazo de uno a dos años.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha justificado sus intenciones al asegurar que es una fórmula que se lleva a cabo en países europeos como Alemania, donde normalmente se suspende el servicio para no concentrar las actuaciones de madrugada, y ampliarlas a todo el día, reduciendo incidencias mientras duran las obras y acotando el calendario. La desventaja es la privación completa del servicio.
El eventual cierre del AVE genera anticuerpos en el tejido económico, puesto que supondría un duro golpe contra actividades como el turismo, el comercio, la hostelería y los congresos. 14,4 millones de pasajeros viajan entre la capital del país y la Ciudad Condal cada año en tren, el método de transporte preferido, entre otros, por directivos y políticos.
Este escenario también forzaría a recurrir al puente aéreo, lo que reduciría la oferta de transporte y, previsiblemente, encarecería los vuelos de forma generalizada entre los aeropuertos de El Prat y de Barajas.
Todos estos ingredientes deberían empujar a desechar la idea de suspender la alta velocidad entre Barcelona y Madrid, y proteger uno de los pilares de la movilidad en España manteniendo un servicio que es clave para la economía del país. La necesidad de acometer las citadas obras debe implicar, necesariamente, la reducción de la circulación, no su clausura.
Puente haría bien, asimismo, en cerrar crisis abiertas y no comenzar otras nuevas. Especialmente cuando la respuesta al trágico accidente de Urda (Toledo), con al menos 69 fallecidos —el tercer siniestro ferroviario mortal este año, tras el de Adamuz (Córdoba) y el de Gelida (Barcelona)—, debería centrar todas sus energías como máximo responsable de la seguridad ferroviaria en España.
