La seguridad de los repartidores parece quedar en segundo plano frente a las exigencias del negocio. Felipe Fernández Aramburu, al frente de Uber en España y Portugal desde septiembre de 2022, queda bajo el foco de las críticas después de que Comisiones Obreras (CCOO) haya denunciado ante la Inspección de Trabajo a Uber Eats y sus subcontratas por mantener activo el reparto durante el temporal que azotó Barcelona el pasado 6 de octubre.
El sindicato acusa a la plataforma de exponer a sus trabajadores a lluvias intensas, calzadas peligrosas y un elevado riesgo de accidente. Uber Eats, por su parte, defiende que dispone de protocolos de seguridad y asegura que suspendió la actividad a las 21:20 horas. Sin embargo, la denuncia plantea una pregunta incómoda para su máxima dirección en España: ¿hasta qué punto se antepone la continuidad del servicio a la protección de quienes realizan las entregas?
Fernández Aramburu, formado en prestigiosas escuelas de negocios como The Wharton School, cuenta con una trayectoria profesional en McKinsey y Deutsche Bank antes de incorporarse a Uber en 2016. En sus intervenciones públicas presume de una gestión basada en la exigencia, el cumplimiento de objetivos y los equipos de alto rendimiento. Un discurso empresarial que contrasta con las graves deficiencias de seguridad laboral que denuncia CCOO.
Bajo su dirección, Uber ha intensificado su expansión territorial y su apuesta por la innovación tecnológica. No obstante, el éxito de una compañía no debería medirse únicamente por su crecimiento, sino también por su capacidad para garantizar condiciones de trabajo seguras. De poco sirve presumir de movilidad inteligente si quienes sostienen el servicio deben asumir riesgos evitables para entregar un pedido. Aunque la denuncia todavía debe investigarse y no acredita una responsabilidad personal del directivo, la gestión de estos riesgos merece explicaciones y una rendición de cuentas a la altura de su cargo.