Hay ocasiones en que la incoherencia resulta especialmente llamativa. Sobre todo, cuando se trata de dirigentes políticos.
Así le ha ocurrido ahora a la flamante líder del Frente Amplio en las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau.
Y es que, después de haberse presentado como una presunta víctima de la crisis de vivienda que sufre el país —tema estrella de la campaña—, asegurando en una entrevista televisiva que tuvo que dejar su piso de Barcelona al no poder pagar el alquiler, este medio ha sabido que, semanas antes, había estado disfrutando de una estancia en un hotel en la Costa Brava de precios elevados.
Colau pagó 300 euros la noche en un bonito alojamiento de cuatro estrellas con restaurante gourmet y acceso directo a la playa en un enclave privilegiado de la costa catalana. Algo a lo cual, como cualquier ciudadano, tiene pleno derecho a disfrutar. Nada que objetar —evidentemente— en este sentido.
Lo chocante es que, quien fue alcaldesa de Barcelona durante ocho años —de 2015 a 2023— asegure estar sufriendo penurias económicas tras haberse separado de su pareja y vivir en casa de unos familiares mientras, al mismo tiempo, ha pernoctado en un hotel prohibitivo para buena parte de los catalanes.
En cualquier caso, todo ello puede ser perfectamente compatible. Lo que no lo sería tanto es victimizarse e instrumentalizar una cuestión tan grave como la falta de vivienda con fines políticos en busca del voto. Quizá no sea su objetivo pero, de ser así, no sería admisible.