Eduardo Marcos, presidente de Alting, justificó la adquisición del número 110 del paseo de Gràcia de Barcelona como una apuesta para ofrecer activos de calidad capaces de atraer y retener talento.
Sin embargo, la gestión del proyecto de modernización que ejecuta la compañía en este emblemático inmueble de 5.000 metros cuadrados está logrando exactamente el efecto contrario.
Lo que debía ser una revalorización patrimonial se ha convertido en un calvario cotidiano para los arrendatarios. La convivencia con ascensores fuera de servicio, ruidos constantes, zonas comunes invadidas por materiales de construcción y una manifiesta falta de información sobre los plazos han entorpecido el ritmo laboral de las empresas.
Resulta una paradoja incomprensible que el grupo inmobiliario invierta dinero para seducir al cliente más exigente del mercado mientras erosiona la relación con los inquilinos que ya ocupan el edificio.
Este choque operativo ha trascendido las meras molestias puntuales para derivar en una severa crisis de gestión. La fuga de ocupantes es una realidad: prestigiosos despachos de abogados, firmas de administración de fincas y clínicas médicas han abandonado el bloque o han tenido que ser reubicadas ante la imposibilidad de mantener su actividad habitual.