El apoyo del PNV al primero de los decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez es de traca.
Que un partido cuyos votantes pertenecen mayoritariamente a la clase media vasca, entre los que abundan los propietarios de viviendas, avale la penalización de esa forma de ahorro es incomprensible.
Ni su acuerdo con el PSOE para gobernar en Euskadi, ni su competencia con Bildu, son justificaciones suficientes para aceptar una normativa que supone un torpedo a la línea de flotación de los intereses de sus simpatizantes.
Además, el decreto Maricarmen también perjudica a aquellos a los que pretende proteger, pues la mayoría de los expertos coinciden en que las medidas aprobadas reducirán la oferta disponible de pisos en alquiler.
El partido conservador, liderado en el Congreso por Aitor Esteban, ha perdido la oportunidad de rechazar los dos textos promovidos por el Gobierno y explicar que la política para mejorar el acceso a la vivienda no tiene por qué hacerse a costa de los pequeños propietarios, ni tiene por qué poner en duda la propiedad privada con cláusulas y limitaciones abusivas para los caseros.
Por si eso no fuera suficiente, aceptar el juego de trilero planteado por Sánchez de aprovechar la composición de la Diputación Permanente para colar lo que rechazó el pleno del Congreso, contrasta con el rigor técnico y la defensa de la seguridad jurídica que tradicionalmente se atribuía al PNV.
Solo la cobardía política puede explicar la posición de los nacionalistas vascos. Habrá que ver cómo se lo toman sus electores y todas aquellas personas que, en adelante, lo tendrán mucho más difícil para acceder a un piso de alquiler.