El adelanto de las elecciones generales en España confirma el colapso inevitable de una legislatura marcada por la inestabilidad y los escándalos que salpican al Gobierno.
El detonante principal que ha llevado a su presidente, Pedro Sánchez, a llamar a las urnas no han sido, sin embargo, hechos tan graves como la ausencia de nuevos Presupuestos desde 2023, el asalto de la frontera en Ceuta o los casos de corrupción —algunos de ellos, con sentencia firme— que le rodean, sino un asunto sobre el cual cree que podrá obtener rédito electoral: los llamados decretos Maricarmen.
A pesar de llevar ocho años al frente del Ejecutivo, Sánchez trata de presentarse ahora como la solución a la grave crisis de la vivienda del país, que no ha hecho más que empeorar con su gestión a lo largo de todo este tiempo.
Dichos decretos no suponían, obviamente, la solución a un asunto tan complejo, en el que el problema de base radica en la falta de oferta y la elevada demanda. Su planteamiento, sin duda, era más que discutible, aunque podían haber supuesto un alivio para algunos inquilinos.
Sea como fuere, el bloqueo de Junts ha terminado por dinamitar la legislatura a escasos meses de que caducara. Al convertir cada votación clave en un ultimátum, la formación posconvergente ha priorizado el desgaste institucional. Y Sánchez ha visto una oportunidad para aprovecharse de ello y sacar tajada movilizando a su electorado.
El colapso del bloque de investidura deja una lección clara: gobernar dependiendo de formaciones minoritarias y que no ocultan su aversión al ordenamiento constitucional y al Estado —Junts no es el único— solo lleva al caos y a callejones sin salida.