Cataluña tiene empresas competitivas, talento, capacidad exportadora y una larga tradición industrial. Pero arrastra también una debilidad estructural: el reducido tamaño de buena parte de su tejido empresarial. La estrategia planteada por el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, sitúa precisamente este problema en el centro del debate económico.
El propósito de impulsar una ley que facilite que las pequeñas empresas se conviertan en medianas y las medianas en grandes apunta a uno de los grandes retos de la economía catalana. Una mayor dimensión permite ganar capacidad inversora, acceder con más facilidad a nuevos mercados, afrontar proyectos de innovación y, sobre todo, resistir mejor ante escenarios de incertidumbre.
La internacionalización constituye la otra pieza de esta estrategia. Cataluña lleva tres años superando los 100.000 millones de euros en exportaciones y el Govern se propone ahora ampliar esa base con 2.000 exportadores habituales más y 3.500 empresas adicionales con filiales en el extranjero. Son objetivos ambiciosos que buscan reducir dependencias y diversificar riesgos en un contexto internacional cada vez más volátil.
Todo ello encaja, además, con el propósito de elevar el peso de la industria hasta el 25% del PIB catalán en 2030. Una economía con una industria sólida genera empleo más estable, favorece salarios más elevados y proporciona mayor capacidad de resistencia ante las crisis.
Cataluña no necesita renunciar a su modelo de pymes. Necesita crear las condiciones para que aquellas que quieran crecer puedan hacerlo. Facilitar ese salto, favorecer su internacionalización y reforzar la industria supone abordar uno de los desafíos fundamentales para la competitividad futura de la economía catalana.