El plan de deslocalización industrial de Laboratorios Salvat de Esplugues a Madrid no solo supone un varapalo para el tejido productivo catalán, sino que plantea un serio dilema sobre la relación de la farmacéutica con las administraciones.
Hace apenas dos años, la compañía presumía de adaptar su planta catalana a tecnologías punteras gracias a una ayuda de más de 110.000 euros de la Generalitat.
Paralelamente, la firma sigue siendo proveedora habitual de la sanidad pública catalana.
Muntañola tiene todo el derecho a diseñar la estrategia de crecimiento de Salvat, pero llevarse el músculo fabril tras haber engordado la planta con fondos públicos catalanes exige explicaciones de mayor calado. Las ayudas institucionales no pueden ser un puente hacia la deslocalización.