El Sindicat de Llogateres, ha decidido que Barcelona sea el escenario de un "nuevo 15M". La chispa es el trágico desahucio de Maricarmen; el objetivo, acorralar a Pedro Sánchez para arrancar por decreto alquileres casi vitalicios. El espectáculo callejero es innegable; la memoria, sin embargo, resulta algo más selectiva.
Enric Aragonès, uno de los portavoces del grupo, hace bien en canalizar la angustia genuina de quienes ven el alquiler como un pozo sin fondo. Hay que reconocerle que no le tiembla el pulso a la hora de amargarle la alfombra roja al Gobierno. Sin embargo, en su intento de acorralar al PSOE, Aragonès corre el riesgo de acabar actuando como el figurante estrella en un sainete político mucho más cínico.
El problema es que su hoja de ruta parece empeñada en combatir los síntomas mientras ignora alegremente la enfermedad. Exigir contratos indefinidos está muy bien para la rima de la pancarta y para que Sumar y Podemos los aplaudan, pero obvia que la crisis habitacional no es solo obra de un fondo buitre malvado.
Para la izquierda parlamentaria es mucho más cómodo jalear a los acampados y exigir expropiaciones que explicar por qué, tras años diseñando leyes desde ministerios y alcaldías —como la de Ada Colau, con su irrisorio balance de llaves entregadas—, el parque público de vivienda sigue siendo un solar vacío.
El Sindicat fía su victoria a exprimir al propietario privado, comprando el mismo marco mental de quienes llevan años legislando sin éxito. Tensionar a Moncloa garantiza abrir los telediarios, pero si este "nuevo 15M" se limita a exigir que los ciudadanos asuman el escudo social que el Estado se niega a construir, la protesta solo servirá para que la izquierda parlamentaria duerma hoy con la conciencia un poco más tranquila.