La seguridad ciudadana y el correcto funcionamiento de las infraestructuras clave no admiten medias tintas, y Sílvia Paneque ha señalado la necesidad imperiosa de endurecer del Código Penal durante esta misma legislatura para atajar algunos de los principales problemas de Cataluña, como son los robos de cobre en la red de Rodalies y los episodios de violencia armada.
La portavoz del Govern y consejera de Territorio, esta vez, no se ha puesto de perfil al alertar al Gobierno y al Congreso de los Diputados de que esta iniciativa debe aprobarse antes de la disolución de la Cámara, algo para lo que el presidente Pedro Sánchez aún no ha puesto fecha. Señalar la lentitud de la Cámara Baja para tramitar reformas indispensables no supone una deslealtad entre administraciones, sino el ejercicio de quien prioriza las soluciones.
El constante sabotaje a la red ferroviaria por la sustracción de cableado y la impunidad con la que actúan determinadas bandas exigen una respuesta penal disuasoria y adaptada a la realidad actual, y no debería entender de ciclos electorales ahora que la legislatura afronta sus últimos meses. Que el esfuerzo operativo de los cuerpos policiales se desvanezca por las grietas de un marco legal insuficiente solo alimenta la frustración ciudadana y el deterioro de los servicios públicos.