Iolanda Segura afronta el inicio de curso con una mochila incómoda: la de un sindicato que ha conseguido mantener el conflicto educativo en primera línea, pero que no termina de explicar hacia dónde quiere llevarlo.
Después de decenas de reuniones y del rechazo de un acuerdo que contemplaba mejoras sustanciales, cuesta distinguir si USTEC·STEs defiende una estrategia negociadora o si se ha encallado en una dinámica de confrontación permanente.
Dos de cada tres votantes dijeron que no. El resultado no solo cuestionó el pacto, también dejó tocada la capacidad de la dirección sindical para convencer a su propia base. La organización liderada por Segura había defendido un entendimiento que posteriormente fue rechazado por una amplia mayoría.
Ahora USTEC·STEs vuelve a poner sobre la mesa una huelga el 8 de septiembre, precisamente cuando 1,6 millones de alumnos necesitan que el curso arranque con la máxima normalidad posible.
Una huelga es una herramienta legítima de presión sindical, pero pierde fuerza política cuando se convoca antes incluso de que estén completamente definidos los objetivos concretos de la movilización.
Ese es probablemente uno de los mayores problemas del planteamiento actual: la protesta parece ir por delante de las reivindicaciones. Los objetivos se terminarán de concretar después del inicio de curso, mientras los centros ya han sido llamados a movilizarse.
Mientras tanto, el Govern ha anunciado mejoras que no son menores: hasta 450 euros mensuales de incremento salarial, recuperación de los sexenios, miles de dotaciones para educación inclusiva y 5.000 plazas de cátedra previstas para 2027 y 2028.
USTEC puede considerar insuficientes estas medidas, pero debería explicar con precisión qué falta y cuánto cuesta.