La caída del Reggaeton Beach Festival (RBF) no solo ha dejado a miles de asistentes sin música y a decenas de trabajadores sin cobrar; también nos ha dejado un espectáculo grotesco de acusaciones cruzadas en los despachos.
La entrevista de hoy en Crónica Global a Ian Cerruti, heredero del imperio de moda italiano y brevísimo administrador de esta cita musical, deja en evidencia la evasión de responsabilidades por todas las partes implicadas en este affair.
En el caso de Cerruti, este consultor que aplica el consejo de su abuelo de "no invertir jamás dinero propio en una buena idea", afirma al mismo tiempo haber firmado préstamos de 700.000 euros para tomar el mando del festival como "administrador de derecho, no de facto".
Sea como fuere, cuando el concurso de acreedores, las deudas millonarias con Hacienda y los impagos laborales han llegado, Cerruti atribuye los problemas al resto de partes: obviamente —y, tal vez, con razón—, a los antiguos administradores, hacia los que no escatima exabruptos y descalificaciones; pero también a los abogados, la notaría, las gestorías, y hasta al sistema judicial español en su conjunto.
El problema de su discurso no radica sólo en su agresividad verbal y sus formas, sino en su escasa empatía. Los trabajadores atrapados en el limbo salarial y los aficionados que pagaron sus entradas tienen que soportar ahora cómo un gestor de fondos afincado en Dubái se lava las manos mientras anuncia su regreso a Estados Unidos entre críticas a España como país.
El colapso del RBF es el síntoma de un modelo de festivales dopado por el dinero fácil, las ingenierías fiscales y las promotoras volátiles. Que Cerruti pretenda presentarse como el salvador y, al mismo tiempo, víctima de una presunta estafa sin hacer autocrítica —mientras abandona el barco tras 32 días apelando al abolengo familiar— demuestra que, en la industria del espectáculo, algunos solo están para recoger aplausos en las bonanzas y culpar al escenario cuando todo se derrumba.