Antoni Cañete fue reelegido presidente de Pimec, la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas, a principios de 2025. Ello presupone que goza de la confianza de la mayoría de los asociados o, al menos, de los que participan en los procesos de elección de los órganos de gobierno.
Pero, más allá de ese reconocimiento, el alto directivo se ha lanzado a una ofensiva para perimetrar el poder de las cámaras de comercio autonómicas. Un ejemplo de ello ha sido ejercer de lobi con formaciones políticas para que impugnaran el proyecto de ley del ramo, actualmente en tramitación en el Parlament.
Finalmente, los Comuns y la CUP llevaron el borrador al Consejo de Garantías Estatutarias, el llamado Constitucional catalán.
Ahora, el fiscalizador de leyes ha avalado el texto preliminar. Ello supone una derrota para el directivo, puesto que elevó su mano para que descarrilara la futura norma. No lo ha logrado.
Una lección para medir bien las batallas y participar sólo en aquellas en las que se tiene viento de cola. Lo demás es un riesgo que, como en este caso, puede pasar factura reputacional.