Las revoluciones tecnológicas suelen tener ganadores y perdedores. LaLiga gana con un sistema de bloqueo remoto infinitamente más barato, pero pierden los 22 verificadores de los que la propia organización presumía hace apenas dos años y a los que ahora ha aplicado un ERE.
Obviamente, una empresa no es una obra de caridad, pero convendría examinar si algunas de las alertas lanzadas por la plantilla tras el despido tienen fundamento.
Más allá de las acusaciones sobre el sistema de denuncias anónimas por 50 euros —que habrá que ver si responden a la realidad—, los expromotores apuntan a un problema legítimo: la falta de inspectores para ratificar presencialmente ante un juez el fraude en los bares o en los procesos ya abiertos.
Ahorrarse la inspección física aligera la cuenta de resultados, pero habrá que comprobar si no acaba restando solidez a sus demandas en los tribunales.