La intervención del derecho en el debate sobre la vivienda requiere tanto rigor técnico como cautela jurídica. Pablo Feu, jurista de referencia e ideólogo legal de la cruzada contra la compra especulativa de inmuebles en Cataluña, se convirtió en el gran soporte sobre el que los Comuns y el Govern cimentaron su propuesta estrella.
Sin embargo, el andamiaje sobre el que se sostenía la medida ha saltado por los aires. El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que ha certificado que la iniciativa es inconstitucional y contraria al Estatut, supone un duro varapalo a la viabilidad de las tesis que el abogado defendía.
Es cierto que la redacción final del texto pasó por la cocina política del PSC y la formación morada. Pero la semilla conceptual, inspirada en modelos restrictivos como el de Ámsterdam, y el aval sobre la falsa solidez legal del proyecto para aplicarse en Cataluña llevan el sello inconfundible de Feu.
Diseñar trajes a medida de la voluntad política sin calibrar el reparto de competencias suele abocar al fracaso. Cuando el voluntarismo normativo choca con el marco legal vigente, el descalabro es previsible. El dictamen deja en la casilla de salida al Ejecutivo catalán y retrata el riesgo de construir una arquitectura jurídica al servicio del efectismo político.