Sílvia Orriols ha tropezado con uno de los vicios más viejos de la mala política: la sombra del nepotismo. La alcaldesa de Ripoll está en el centro de la polémica por la incorporación de su hija a la Policía Local, un caso que retrata una evidente negligencia ética y legal.
Por mucho que Orriols se indigne y el ayuntamiento emita comunicados esgrimiendo la "imparcialidad" del proceso, los hechos son tozudos. El artículo 23 de la ley de régimen jurídico del sector público es inequívoco: obliga a cualquier cargo a apartarse de un procedimiento si existe parentesco cercano.
Sin embargo, la alcaldesa no delegó sus competencias. Fue ella quien firmó el decreto para acelerar el proceso por vía de urgencia y quien designó a los miembros del tribunal que, tras una decisiva entrevista personal, otorgaron a su hija la mejor nota.
En la administración pública, las formas son el fondo. La lideresa de Aliança Catalana no puede saltarse la normativa básica de incompatibilidades bajo la excusa de no frustrar "el sueño" de su primogénita. No se trata de juzgar la capacidad de la aspirante, sino de exigir una pulcritud institucional que Orriols ha dinamitado por completo.