El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la macrolicitación de 151,2 millones de euros con la que CatSalut adjudicó los seguros de responsabilidad civil deja en un lugar comprometido al colectivo profesional y a la presidenta del Colegio de Médicos de Barcelona, Elvira Bisbe.
El órgano fiscalizador cuestiona severamente que un concurso público sirviera para dar cobertura a los facultativos cuando ejercían fuera del sistema público, una práctica que considera carente del "interés público" exigible y cuyos fallos "podrían constituir una causa de anulabilidad del convenio".
Resulta reprochable la falta de motivación en el reparto económico y el deficitario control de la ejecución del contrato. Con una comisión que solo se reunió una vez y sin mecanismos para comprobar si las reclamaciones cubiertas correspondían a la actividad pública o privada, la gestión queda en entredicho.
Por más que se pretendan reducir las objeciones a meros defectos de tramitación administrativa, el beneficio de una cobertura privada bajo el paraguas de la licitación pública exige explicaciones. Bisbe afronta un severo toque de atención que compromete la transparencia exigible a la entidad que representa.