Es innegable la voluntad del Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez por atajar un problema estructural que ahoga a miles de familias. La premisa de defender el derecho a la vivienda y blindar su carácter residencial frente al encarecimiento del mercado es acertada. En ese camino, destacan avances concretos.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda plantea alternativas de colaboración mediante contraprestaciones económicas para que los propietarios cedan sus inmuebles a las comunidades autónomas para alquiler social. Y la puesta en marcha de la ventanilla única y el registro centralizado han permitido identificar 111.000 pisos turísticos ilegales, un paso necesario para poner orden en el sector.
Sin embargo, las buenas intenciones no deben convertirse en un freno para el desarrollo económico. Entidades como la Federación Catalana de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Federatur), Pimec Turisme y Foment del Treball han mostrado su rechazo a la propuesta de imponer un 21% de IVA a los pisos turísticos.
De acuerdo con las asociaciones mencionadas, disparar el IVA al 21% no tendrá un efecto disuasorio sobre la oferta turística ni resolverá la crisis habitacional; al contrario, encarecerá las vacaciones de miles de familias que buscan alojamientos asequibles.
El sector no reclama privilegios ni exenciones, sino un tratamiento coherente con la realidad de la actividad económica y en equidad con el resto de la oferta turística, manteniendo el tipo reducido del 10% de IVA.
Una presión fiscal desproporcionada y una persecución normativa al alquiler de temporada pueden terminar castigando al pequeño propietario, paralizando el mercado legítimo y derivando la actividad hacia la economía sumergida.
La prioridad de poner coto a la oferta ilegal y garantizar el derecho a la vivienda es incuestionable, pero no debe construirse mediante una penalización fiscal que encarezca el turismo familiar y ahuyente la inversión. El Ejecutivo debe escuchar a las patronales y buscar un equilibrio basado en la seguridad jurídica, la regulación justa y el consenso, en lugar de recurrir a la presión fiscal.