Los datos de la Intervención General del Estado (IGAE) del año 2025 dejan en una posición incómoda la gestión inversora del Gobierno central. Mientras que la inversión territorializada total en España creció un notable 17,9%, la ejecutada en Cataluña sufrió un retroceso del 6,2% en términos absolutos, cayendo hasta los 1.321,2 millones de euros.
La brecha que evidencia el Ministerio de Hacienda de Arcadi España es especialmente llamativa al compararla con la Comunidad de Madrid, que con un PIB y una población similares recibió 3.217,7 millones de euros (el 20,9 % del total nacional frente al exiguo 8,6 % de Cataluña).
Este retroceso aleja de nuevo al Estado del cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatut, que vincula las inversiones al peso del PIB catalán (cercano al 19%).
El evidente desfase en la ejecución presupuestaria del Estado en Cataluña, que vuelve a quedar muy lejos de lo presupuestado y de su peso económico real, contrasta con el discurso de los socialistas, según los que el déficit para con las infraestructuras del territorio es culpa de los gobiernos del PP.
Si bien es cierto que los mínimos se registraron con los populares en la Moncloa y que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez está haciendo grandes esfuerzos junto al Govern de la Generalitat de Salvador Illa para revertirlo, no es de recibo el retroceso registrado en 2025.
El Ministerio debe activarse con urgencia para corregir este déficit crónico de ejecución y garantizar que el aumento del gasto público global se traduzca en mejoras reales y equitativas sobre el terreno.