Pila verde para Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)
Hay en la sociedad civil catalana un reducido grupo de asociaciones y entidades que, desde hace años, desafía el pensamiento único nacionalista. Precisamente por ser minoritaria, su labor tiene un mérito extraordinario. Y cuando, además, consigue victorias como la de este lunes, lo mínimo que merece es reconocimiento.
Gracias al recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Cataluña, el Tribunal Supremo ha establecido que no es conforme a derecho excluir el castellano de la rotulación de los colegios públicos y concertados de Cataluña.
No es una sentencia menor. En primer lugar, porque sienta un precedente que puede proyectarse sobre el conjunto de las administraciones públicas de las comunidades con dos lenguas oficiales. Pero también por su carga simbólica. Las aulas han sido uno de los principales escenarios del proyecto de construcción nacional impulsado por el nacionalismo, y el castellano lleva demasiado tiempo ausente de sus paredes. Que los rótulos reflejen la realidad bilingüe de Cataluña no resolverá el debate lingüístico, pero sí supone un paso para que la escuela pública se parezca un poco más a la sociedad a la que sirve.
Lo que vendrá ahora es, por desgracia, bastante previsible. Todo apunta a que el Govern intentará minimizar el alcance de la sentencia o retrasar su cumplimiento. En Cataluña se ha vuelto demasiado habitual que la Administración, en lugar de dar ejemplo acatando las resoluciones judiciales, busque la forma de eludirlas.
Nada de eso resta mérito a la asociación que preside Ana Losada. Al contrario. Lleva más de una década recordándonos una idea que el jurista alemán Rudolf von Jhering formuló en La lucha por el Derecho (1872): quien no defiende sus derechos no solo se perjudica a sí mismo, sino que contribuye a debilitar el propio Derecho. Defenderlos no es solo una cuestión de interés; es también una cuestión de dignidad y de responsabilidad con el conjunto de la sociedad.
