Sostenella y no enmendalla. Ese podría ser el lema de Acció Cassandra, la entidad ultranacionalista que ha ratificado su querella contra los mandos de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional por haber frustrado el intento de boicot que un grupúsculo de independentistas trató de perpetrar en el acto de bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia durante la visita del Papa León XIV a Barcelona.
Este colectivo de abogados afín al secesionismo considera que la expulsión y el "encapsulamiento y retención en la vía pública" de los cantaires llevado a cabo por las fuerzas del orden, después de ser alertados de su propósito de desplegar banderas esteladas y cantar el himno Els Segadors en el templo, conllevó un cúmulo de supuestas ilegalidades.
Y es que, para estos juristas, la "maniobra de engaño y coacción" de los policías que guió a los coristas hacia el exterior de la Sagrada Familia podría constituir, nada menos, que un delito de detención ilegal cometido por funcionario público, prevaricación, discriminación por motivos nacionales e ideológicos y contra los derechos fundamentales.
Afortunadamente para la ciudadanía barcelonesa y catalana en general, los saboteadores —un reducido grupo de los coristas, que a su vez fueron delatados por sus propios compañeros— se quedaron con las ganas de deslucir el evento. Y la intervención policial evitó que Cataluña protagonizara un ridículo internacional. Por más que a los guardianes de las esencias nacionalistas como Acció Cassandra —que tanto dicen defenderla— les moleste.
La entidad ultranacionalista encabezada por el abogado Lluís Gibert tiene derecho a querellarse contra quien quiera, es libre de hacerlo. Como también lo es de exponerse a un nuevo ridículo, como ya le ocurrió con su fallida demanda contra la devolución de las obras de arte de Sijena del MNAC de Barcelona a su emplazamiento original en Huesca, inadmitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la UE (TEDH).