Entre cuotas de sus socios y subvenciones públicas, Plataforma per la Llengua ingresó más de tres millones de euros en 2024. Con semejantes recursos, no es extraño que la entidad necesite justificar permanentemente su razón de ser. Y cuando los grandes conflictos lingüísticos escasean, cualquier incidente puede convertirse en un caso de supuesta persecución al catalán, o bien inventarse.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Aticco. Antes de escuchar a la empresa, Plataforma per la Llengua dio por buena la versión de una trabajadora despedida y difundió en las redes sociales que había sido cesada por hablar en catalán.
Sin embargo, la compañía sostiene que el despido obedeció a motivos estrictamente laborales, y que el problema nunca fue el catalán, sino la negativa de la empleada a adaptar el idioma a sus interlocutores. Según Aticco, la trabajadora se negaba a dirigirse en castellano a compañeros y clientes que no entendían el catalán, aunque sí utilizaba sin inconveniente el inglés o el francés cuando era necesario.
El presidente de la entidad ultranacionalista, Òscar Escuder, no solo es responsable de haber señalado públicamente a una empresa catalana sin haber contrastado su versión de los hechos. También lo es de alimentar entre miles de catalanohablantes la idea de que, en una sociedad bilingüe, existe un derecho a no cambiar nunca de lengua, incluso cuando el interlocutor no la entiende.
La autodenominada e hipersubvencionada "ONG del catalán" no solo ha tergiversado un conflicto laboral: ha contribuido a crearlo.