El Parlament aprobó ayer la ley de creación del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, sensiblemente desdibujada respecto a las pretensiones iniciales de la izquierda. No podrá multar ni investigar de oficio a las empresas con presencia en Cataluña por su actividad en el extranjero, como avanzó este medio.
El recorte en las funciones sancionadora e investigadora se debe a la oposición que ha brindado el grupo parlamentario del Partido Popular (PP), con Míriam Casanova como ponente en la Comisión de Unión Europea y Acción Exterior que ha dado forma al texto, tras seis años de tramitación y tres intentos en distintas legislaturas.
Los populares alertaron de lo inconstitucional de la interposición de multas, por parte de un organismo adscrito a la Generalitat, por vulneraciones de derechos humanos fuera del ámbito de Cataluña; no tiene tal potestad para ello, ni siquiera España como Estado.
Casanova, además, supo ver la trampa que intentaron hacer el PSC, ERC, Comuns y la CUP, de justificar las sanciones en una eventual falta de colaboración de las compañías que no respondieran en tiempo y forma a los requerimientos del centro. Así, pretendían enmarcar los castigos económicos en una cuestión meramente administrativa, y no mercantil.
Nada de ello lo aceptó el Consell de Garanties Estatutàries, que dio la razón a los populares de Alejandro Fernández con un dictamen demoledor en contra de los intereses de la izquierda del Parlament. A ésta no le ha quedado otra que eliminar el régimen sancionador y la capacidad de iniciar pesquisas por voluntad propia para evitar que la ley embarranque en el Tribunal Constitucional.
"Lo que mal empieza, mal acaba", avisó Casanova durante el debate previo a la votación en el pleno de ayer miércoles, llamando a proteger al tejido empresarial catalán, conformado en un 99% por pymes.
"No hagan la guerra a las empresas porque, sin ellas, no hay puestos de trabajo; sin puestos de trabajo, no hay salarios; y, sin salarios, no hay progreso", advirtió la diputada popular, a la que se le debe reconocer el acierto de señalar y frustrar los excesos de un organismo público más que engrosará la lista de satélites de la Generalitat.