El laboratorio IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès vuelve a estar en el foco a causa de la investigación sobre el brote de peste porcina africana que, desde el pasado noviembre, afecta a jabalíes de la sierra de Collserola (Barcelona).
Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra protagonizaron el pasado martes un nuevo registro en sus instalaciones —el segundo, tras el realizado el pasado diciembre— a instancias del juzgado de instancia que investiga el caso por presunto delito contra el medioambiente.
El centro de investigación de sanidad animal, dependiente de la Generalitat de Cataluña, se defiende apelando a los informes publicados en los últimos meses que descartan que el virus saliera de sus instalaciones: una auditoría externa solicitada por el propio Govern; un análisis comparativo genómico a cargo de la conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación —de la cual depende—; y otro del Ministerio del ramo del Gobierno. Todos ellos, exculpatorios.
Ahora bien, será a la justicia a quien le corresponda la misión de dictaminar si el laboratorio IRTA-CReSA tuvo algún grado de responsabilidad —o no— en el brote de la pandemia animal. Brote que, por cierto, impide a los residentes de Barcelona y buena parte de su área metropolitana acceder y disfrutar del espacio natural de la sierra de Collserola a causa de la prohibición de acceso impuesta por la Generalitat desde hace ya demasiados meses.