La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Esther Pérez, acumula una preocupante serie de reveses normativos y judiciales en materias de su estricta competencia que, lejos de garantizar la certidumbre, están provocando el efecto contrario: una profunda inseguridad jurídica que impacta de lleno en el bolsillo de los ciudadanos.
Bajo su gestión, la dirección general dependiente del Ministerio de Justicia ha guardado un clamoroso silencio administrativo ante polémicas recaudatorias que parecen beneficiar exclusivamente al colectivo de registradores de la propiedad.
Entre sus frentes abiertos destaca el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por permitir cuadruplicar el precio de las notas simples sin base legal sólida, provocando un aluvión de más de 3.500 recursos notariales.
A esto se suma el caos del fallido Registro Único de alquileres turísticos, un plan avalado por los técnicos de Pérez que ha sido definitivamente tumbado por el Tribunal Supremo y que ahora amenaza con costar al Estado hasta 160 millones de euros en indemnizaciones a propietarios.
Por si fuera poco, los asesores legales critican la pasividad de su departamento ante la interpretación ventajosa que los registradores hacen de la Ley de Residuos, llegando a exigir de forma arbitraria tasas por "suelos contaminados" en la compraventa estándar de pisos residenciales entre particulares.
Una parálisis regulatoria intolerable para un órgano cuya misión principal es, precisamente, proteger al administrado.