Susanna Segovia, diputada de los Comuns
No es la primera vez que una iniciativa parlamentaria positiva y que es capaz de aportar valor sale adelante con la sensación de que se trata de un fuego de artificio: demasiado ruido para su efecto final. No deja de ser algo para lamentar. También en el caso de la proposición de ley para la creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos que el Parlament prevé aprobar la próxima semana.
Lo hará después de que el texto que finalmente será sancionado en las cortes autonómicas haya sufrido modificaciones, como consecuencia de los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries. El organismo advirtió de que algunos preceptos, que permitían al cuerpo de nueva creación contar con capacidad sancionadora, eran contrarios a lo contemplado en el Estatuto de Cataluña y que tampoco cumplirían con lo indicado en la Constitución.
El debate parlamentario ha dejado la impresión de que el organismo nace algo atrofiado cuando no debería ser así. Se trata de una iniciativa que contribuye a avanzar en el diálogo social y en la relación entre las compañías y los trabajadores. En este caso, no era necesario ir tan lejos para que el fin fuera beneficioso y mereciera la pena.
