El archivo provisional de la causa por el trágico accidente en la mina de Súria (Barcelona), en el que tres jóvenes geólogos fallecieron sepultados en 2023, deja una evidente sensación de desamparo por parte de la justicia.
En su auto, la magistrada considera que el desprendimiento de rocas fue un accidente súbito y fortuito, descartando así la existencia de responsabilidades penales por parte de la empresa, ICL.
La investigación judicial se inició para aclarar si los hechos vulneraron los derechos de los trabajadores y si podrían considerarse homicidio por imprudencia.
Sin embargo, la justicia no ve suficientes los indicios para emitir un reproche penal contra ninguna persona o entidad, y ha decretado el archivo según lo previsto en el artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De este modo, ICL se libra de ser condenada, aunque su historial en Cataluña en las últimas décadas deje que desear. No sólo por accidentes laborales como este, sino también por el impacto ambiental de sus minas de sal y potasa.