Mónica García
El proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Sanidad para homogeneizar la provisión sanitaria en torno al sector público ha caído como una carga de profundidad sobre la sanidad catalana.
Estamentos como el Cercle de Salut, la patronal CSC o el propio conseller de Presidencia, Albert Dalmau, se han pronunciado contra el texto, sabedores de que el texto amenaza el sistema catalán, basado en la diversidad de proveedores.
El último en añadirse a las críticas no es cualquiera, es Aceba, la organización de centros de atención primaria (CAP) que gestionan los propios médicos. Esta entidad, de nuevo, advierte de que la normativa liquidaría la diversidad en la organización, convirtiéndolo todo en gestión pública directa.
La censura de Aceba es relevante porque cabe recordar que esta asociación no tiene ánimo de lucro, sino que es un ente profesional. Esta es, precisamente, la riqueza del sistema sanitario catalán: hay un abanico de proveedores distintos que proveen servicios de salud a la ciudadanía. Y la mayoría no tienen alma mercantil, son fundaciones, consorcios u organismos profesionales.
Este crisol --que presenta fuertes incentivos a la eficiencia-- es el que amaga con liquidar la ley de Sanidad. Solo por este motivo, la iniciativa jamás debería ver la luz, salvo que se corrija para acomodar la diversidad catalana.
