Las huelgas son una herramienta legítima en cualquier democracia. Han servido históricamente para corregir injusticias, mejorar condiciones laborales y obligar a las administraciones a escuchar demandas, pero también exigen responsabilidad. Saber cuándo presionar es importante; saber cuándo negociar y cerrar acuerdos, todavía más.
La firma de un preacuerdo entre la Conselleria d'Educació y los sindicatos mayoritarios, ahora también Ustec, abría la puerta a una desescalada del conflicto que durante meses ha tensionado la educación pública catalana. Sin embargo, CGT ha preferido mantener las movilizaciones y prolongar unas huelgas que empiezan a mostrar síntomas de desgaste.
La cuestión no es si las reivindicaciones son legítimas, sino que la capacidad de influencia de cualquier movimiento sindical depende también de su disposición a reconocer avances cuando estos se producen.
Cuando un acuerdo es respaldado por las organizaciones con mayor representación y se abre un proceso de consulta entre los trabajadores, insistir en la confrontación permanente puede transmitir la sensación de que el objetivo ya no es mejorar las condiciones del profesorado, sino mantener vivo el conflicto.
La postura de Laura Gené, portavoz de CGT Ensenyament, corre además el riesgo de aislar al sindicato respecto a una parte significativa de la comunidad educativa. Los docentes están llamados a decidir si el preacuerdo constituye una base suficiente para cerrar esta etapa. Esa consulta debería producirse sin presiones añadidas y con la voluntad de evaluar los resultados obtenidos.
Mantener una dinámica de movilización constante antes incluso de conocer el veredicto de las bases parece más una demostración de fuerza que un ejercicio de representación.