La gestión del contrato de servicios auxiliares del Museu de Lleida sitúa bajo escrutinio a la dirección del centro, encabezada por Clara Arbués, después de que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic haya reprochado al consorcio no ejecutar una resolución firme que anulaba la adjudicación por graves irregularidades.
El tribunal ya había declarado nulo el concurso en 2025 por defectos sustanciales en el procedimiento, desde la concentración de funciones incompatibles en el órgano de contratación hasta la introducción de pruebas no previstas en los pliegos.
Pese a ello, el servicio continuó prestándose con normalidad mediante el adjudicatario inicial, una decisión mantenida desde la dirección del museo, que ahora recibe un nuevo toque de atención por persistir en esa situación.
El requerimiento del órgano fiscalizador subraya la necesidad de dar cumplimiento efectivo a la nulidad y revisar la continuidad del contrato, en un escenario que evidencia cierta inercia administrativa a la hora de ejecutar las resoluciones.
El caso deja al museo en una posición incómoda, entre la obligación de garantizar la continuidad del servicio público y el deber de ajustar su contratación a los estándares legales exigidos.