La verdad en Cataluña tiene un precio: casi un millón de euros públicos en cinco años. Esa es la abultada factura que riega a Verificat, la entidad erigida como árbitro supremo contra la desinformación en la región.
Pese a lucir el cartel de asociación independiente, su contabilidad revela una dependencia crónica de la misma Administración a la que debe someter a escrutinio.
A través de subvenciones y contratos menores, Verificat cobra sistemáticamente de consejerías de la Generalitat, ayuntamientos y diputaciones.
El colmo de la ironía llega cuando el verificador cobra del propio Departamento de Presidencia para dar lecciones en un seminario sobre transparencia. El poder financia a quien debe pitarle las faltas.
El fact-checking nació para ser un contrapoder incómodo, no un contratista recurrente. Es difícil morder la mano que te da de comer.
Hoy, la gran verificación pendiente en Cataluña es la de la propia independencia de sus verificadores.