Iolanda Segura, portavoz de Ustec
El sistema educativo público de Cataluña mantiene la conflictividad laboral por el rechazo de varios sindicatos —entre ellos Ustec, mayoritario en el sector— al pacto de la Generalitat con UGT y CCOO.
Las plataformas críticas con el Govern han convocado varios días más de huelga en la recta final del curso, este mayo y junio, al no ver satisfechas sus reivindicaciones profesionales y laborales.
Como respuesta a estas movilizaciones, la Generalitat sostiene que carece de recursos adicionales para atender sus exigencias.
Las demandas de los sindicatos convocantes de los paros van más allá de las actualizaciones salariales para recuperar el poder adquisitivo perdido, pues piden mejoras para frenar la degradación del sistema educativo público en general. Como, por ejemplo, reducir las ratios y la masificación de las aulas, y la carga burocrática que se les impone; aportar más recursos y personal para la llamada "escuela inclusiva"; y una remodelación a fondo de los currículos escolares y de las nuevas metodologías aplicadas en la enseñanza en la última década, entre otros ejemplos.
Demandas, muchas de ellas, razonables y justas. No así los medios utilizados para conseguirlos, perjudicando con sus huelgas a los alumnos, haciéndoles perder numerosas horas lectivas a lo largo del curso.
