La Generalitat de Cataluña continúa avanzando en la puesta a punto de los servicios públicos de Derechos Sociales e Inclusión. La última decisión que ha tomado el departamento pasa por condonar la deuda que la propia Administración ha generado en los usuarios del sistema de dependencia al transferirles pagos indebidos tras una revisión a la baja de sus prestaciones o, incluso, después del fallecimiento.
Situaciones indeseables que "no deberían producirse nunca", y que generan un consenso unánime, en palabras del president Salvador Illa, pero ante las que alguien debía arremangarse para ponerle solución.
Serán la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, y el secretario general, Raúl Moreno Montaña, quien participa activamente de la actualización del sistema de dependencia. Esta implicará, asimismo, acabar con dichos pagos indebidos.
La corrección de este error histórico, que concatenaba un gobierno tras otro, supone un acto de coherencia y responsabilidad con los más vulnerables, cuya situación requiere de una Administración que acompañe, y no una que persiga por los fallos que comete. Dicha condonación será "la más importante hasta la fecha", señalan fuentes del departamento, que ya hizo lo propio con los pagos indebidos de la Renta Garantizada de Ciudanía y los jóvenes extutelados.
Este perdón se enmarca dentro de la reforma del sistema de dependencia, que recibe el nombre de Pla Cura, con el que se recortará de un año a dos meses el periodo de resolución de las solicitudes, se agilizará la tramitación de los casos más apremiantes, se reforzará el personal con 600 contrataciones y se lanzarán nuevas ayudas automáticas de hasta 200 euros para paliar la espera de los solicitantes, entre otras medidas que el Govern aprueba este martes.