La Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) pone orden en el sistema de desamparo de menores en Cataluña con una reforma de arriba abajo.
Se trata de un paquete de 10 medidas que refuerza las distintas etapas que atraviesa un niño o adolescente desde que se detecta el riesgo hasta que vuelve a su entorno familiar.
Dicho modelo, anunciado por la consellera Mònica Martínez Bravo, descansa sobre una intensa colaboración con otros departamentos, como el de Justicia o el de Salud. También con la Diputación de Barcelona y entidades del tercer sector.
Entre las mejoras, destacan una actualización de las herramientas de los derechos sociales, una inyección económica en materia de atención socioeducativa y mayores garantías de asistencia jurídica de las familias desde el inicio del procedimiento.
Asimismo, la reforma se apoya en proyectos piloto con capacidad de transformar la realidad de menores a lo largo y ancho de Cataluña, con terapia intensiva en el seno de las familias y de los centros de protección a la infancia.
También se despliega la figura de la procuradora de niños y adolescentes y se crean comisiones de tutela, con expertos que revisarán los casos más complejos. El objetivo, evitar ingresos en centros y velar por "el rigor, el respeto y la justicia" para los menores desamparados, en palabras de la consellera.
Una reforma que casos como el del bebé maltratado por sus padres en Barcelona, a quien el departamento le ha encontrado ya una familia de acogida, han evidenciado aún más su necesidad, aunque la Generalitat ya trabajaba en la misma con anterioridad y en el marco de la nueva DGPPIA.