La nueva expedición de la Global Sumud Flotilla desde el puerto de Barcelona hacia Gaza vuelve a poner sobre la mesa el debate entre la necesaria ayuda humanitaria y el protagonismo de determinados actores políticos, económicos y sociales en los conflictos internacionales.
En ese escenario emerge el trasfondo de Pro-Activa y su líder, Òscar Camps, que, trabajando en el ámbito de la solidaridad —una labor, por su parte, indiscutible y digna de elogio—, ha sabido también aprovechar las emergencias como fuente de subvenciones públicas.
Nadie cuestiona la utilidad del trabajo de Camps como activista de los derechos humanos. Pero sí, tal vez, su excesiva notoriedad pública y su elevada dependencia de la Administración. Y es que su empresa, Pro-Activa Serveis Aquàtics, matriz de la oenegé Proactiva Open Arms, ha recibido desde 2018 más de 20 millones en contratos por parte de las más altas instituciones catalanas, a los que se añaden las subvenciones que percibe cada curso.
Al tiempo que la oenegé ha desarrollado su labor solidaria desde que se creó hace una década, la matriz se ha ido haciendo con el monopolio de la seguridad en el litoral metropolitano catalán. Un control que se extiende desde Sitges a Montgat, con la excepción de solo dos municipios: Barcelona y Viladecans.
Mientras la Flotilla, respaldada en esta ocasión por Proactiva, trata de abrir, de nuevo, un corredor humanitario para ayudar a la sufrida población palestina, queda en el aire la duda de si esos recursos públicos no serían más efectivos y mejor aprovechados si se canalizaran a través de otros organismos. Sobre todo, teniendo en cuenta el fracaso de la expedición el pasado verano, cuando fue capturada por el Ejército israelí.