Pila amarilla para Elma Saiz
Crónica Global cuenta este martes la historia de Mireia, quien tras fallecer su pareja --18 años juntos, y dos hijos en común-- no ha podido acceder al reconocimiento de su viudedad ni a los beneficios y prestaciones que implica al no haberse casado. Una carga que se une al duelo que sufren cada vez más personas --alrededor del 80%, mujeres-- en situaciones similares.
Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en 2014 unificó criterios para el conjunto de España en esta materia, es indispensable que la pareja esté inscrita en un registro público o formalizada ante notario al menos dos años antes del fallecimiento.
Algo que en este caso las víctimas consideran deshumanizador y que el Gobierno de Pedro Sánchez, concretamente su ministra de Seguridad Social y también portavoz del Ejecutivo Elma Saiz, prometió corregir a través de una reforma legal durante la presente legislatura, incluso planteándolo en el Congreso de los Diputados.
Más allá de la voluntad manifestada --que las asociaciones de víctimas ya han dicho que consideran insuficiente, tal y como está planteado, al no contemplar la viudedad sin hijos--, esta carpeta parece haberse encerrado en un cajón.
Y no parece que sea una prioridad, lo que sin duda alarga la pesadilla de Mireia, que ha renunciado a seguir intentándolo en los tribunales por lo farragoso del proceso, aunque una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha fallado a favor de una víctima en una situación similar.
