Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres
El Sindicat de Llogateres vuelve a salirse con la suya, y uno de los principales responsables de su último episodio en Barcelona es Enric Aragonès, portavoz de la organización y promotor de la paralización de un desahucio previsto en un edificio del barrio de Gràcia.
El conflicto se originó tras la adquisición del inmueble por parte de un fondo de inversión que pretende transformar las viviendas en un modelo de coliving, una práctica que las autoridades y los residentes denuncian como fraudulenta (que lo es).
El desahucio de uno de los vecinos afectados, Txema Escorsa, ha sido aplazado hasta el 15 de abril. Se trata de un profesor interino que no quiere irse de su casa pese a que se le ha acabado el contrato de alquiler, y el fondo no se lo quiere renovar. Legalmente, no hay justificación en contra de esto.
Más allá de los abusos de los fondos, que deben investigarse y juzgarse con toda la intensidad posible, la ley es la ley. Y si no hay contrato, uno debe irse.
No es de recibo que activistas como Aragonès fuercen a las instituciones a base de movilizaciones, creando una nueva Casa Orsola por algún vecino que se resiste a marcharse pese a no tener contrato en vigor. Y, como dirigente del Sindicat, presentarse a sí mismo como una suerte de salvador del pueblo.
