Junts per Catalunya ha registrado una proposición de ley en el Senado para, entre otras cuestiones, pedir la renovación automática del Documento Nacional de Identidad (DNI) a los tres meses de su caducidad.
La formación presidida por el fugado de la justicia Carles Puigdemont —cuyo carnet de identidad caducó hace ya hace más de un lustro— reclama que sólo se requiera la presencia física en dependencias policiales cuando sea imprescindible para dicha renovación la captura de la fotografía o las huellas dactilares. O bien si han variado los datos del DNI.
La propuesta de los posconvergentes contribuiría a evitar trámites y desplazamientos a la ciudadanía e impulsaría gestiones digitales más ágiles y automatizadas, al igual que otras que plantea en el caso de las notas simples. Aunque, a efectos prácticos, no es una medida de calado.
Más práctico y beneficioso resultaría para el país, en cambio, que Junts se centrara en cuestiones mucho más relevantes. En especial, en ser más constructiva para que tanto el Gobierno español como la Generalitat de Cataluña puedan sacar adelante sus respectivos presupuestos. Unas cuentas que llevan atascadas cuatro y tres años, respectivamente, y que sería más fácil aprobar con su apoyo, hasta ahora inexistente.