El CEO de ICL Iberia, Alberto Serfaty, suma un nuevo frente a una trayectoria empresarial en Cataluña marcada más por la polémica que por la consolidación.
La última: la comercialización para uso alimentario de una sal derivada de su actividad minera con niveles de bromo muy superiores a los habituales, según un estudio científico. Legal, puede ser. Tranquilizador, desde luego que no.
El problema no es solo el dato —inquietante por sí mismo—, sino el patrón. ICL vuelve a situarse en ese terreno resbaladizo donde la seguridad va por detrás de la práctica empresarial.
Sin obligación de declarar el bromo en el etiquetado y sin límites claros, la compañía ha encontrado una salida comercial a un subproducto que nace de un residuo industrial. Negocio redondo, transparencia discutible.
Este episodio no llega en el vacío. Se suma a años de conflictos ambientales, accidentes laborales, litigios judiciales y decisiones estratégicas fallidas, como la sonada cancelación de la inversión millonaria en Sallent.
Demasiados capítulos para la misma narrativa de una empresa que avanza siempre al filo de lo permitido, pero rara vez alineada con la confianza del territorio.
ICL presume de sostenibilidad, innovación y reindustrialización, aunque la realidad insiste en empañar ese relato. Cuando no es por el impacto ambiental, es por la seguridad; y cuando no, por lo que acaba —literalmente— en la cadena alimentaria.