La proposición de ley para la creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans --"Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos-- llegará este miércoles al pleno del Parlament para su aprobación definitiva tras una década de intentonas.
Sin embargo, sus impulsores —PSC, Junts, ERC, CUP y Comuns, con la diputada de la formación morada Susanna Segovia como "relatora"— han aprobado el texto de espaldas a las enmiendas del servicio jurídico.
Los letrados de la Cámara catalana señalan en su informe que la Generalitat se extralimitará al investigar si las empresas catalanas que operan en el extranjero cumplen los derechos humanos.
También afean que el sistema de sanciones diseñado no es proporcional a la dimensión de las compañías, y critican falta de independencia en su órgano de gobierno.
Conocedores de que las enmiendas desdibujarían el organismo que persiguen crear, esos partidos han hecho caso omiso de las advertencias, forzando al Parlament a votar una proposición de ley que no cuenta con el aval completo del servicio jurídico, y que ahonda en la presión sobre las compañías catalanas.