Antonio Parralo Vegazo
Antonio Parralo Vegazo
Director general de RRHH de la Consejería de Justicia de Andalucía
El procedimiento penal que investiga la responsabilidad del Ayuntamiento de Bacares, en Almería, en el accidente laboral de Raúl Miralles permanece paralizado desde octubre en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Purchena. No por falta de pruebas, ni por complejidad jurídica, ni por maniobras procesales de las partes. Está parado el funcionario en la sección que tramita las diligencias está de baja.
Hay historias que retratan mejor que cualquier estadística el estado real de la administración y la del trabajador que quedó parapléjico tras precipitarse desde 25 metros mientras realizaba labores de desbroce es una de ellas.
No se trata de una ausencia breve y para la que la Junta de Andalucía no está dando respuesta ante una suspensión de facto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
El caso cuestiona un sistema que funciona con márgenes de personal tal vez demasiado estrechos, bajo el mando de Antonio Parralo Vegazo, director general de Recursos Humanos de la Consejería de Justicia.
En seis meses, el drama de la familia Miralles no es el único apilado sobre la mesa del funcionario y cada nueva carpeta acumulada relentiza todavía más la vuelta a la normalidad en el juzgado.
