El Plan Veo, impulsado por el Ministerio que preside Mónica García, ofrece una ayuda anual de 100 euros para que los menores de 16 años puedan adquirir gafas o lentes de contacto. A primera vista, poco parece objetable.
Sin embargo, para los oftalmólogos agrupados en la APOE el diseño del plan contiene un problema de base: permite que la valoración visual de los niños se realice sin la intervención de un médico.
Por ese motivo, la asociación ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Su objetivo es que se anulen los apartados del plan que, según sostienen, permiten de facto que los ópticos-optometristas gradúen a menores sin supervisión médica.
El Ministerio de Sanidad haría bien en escuchar estas objeciones, más que razonables, formuladas por profesionales que conocen de primera mano los riesgos de una evaluación visual sin control médico.