Leopoldo Puig
Los errores administrativos no deberían producirse en una organización que gestiona miles de operaciones cada año, como la Sareb, y, en todo caso, debería ser capaz de abordar cualquier conflicto con diligencia.
El último traspié ha ocurrido en Manresa. Un joven adquirió un local tras visitarlo en varias ocasiones, negociar el precio y formalizar la operación ante notario. No obstante, semanas después descubrió que el inmueble inscrito a su nombre no era el local que había visitado, sino un almacén distinto. El origen del problema estaba en una referencia catastral incorrecta que se arrastró desde la documentación inicial hasta la escritura pública.
Según el afectado, tras intentar resolver la situación de forma amistosa, la Sareb planteó la necesidad de realizar pagos adicionales para corregir la discrepancia registral, al considerar que el local que realmente ocupaba tenía un mayor valor de mercado.
La cuestión terminó en los tribunales, donde el juzgado dio la razón al comprador y señaló las carencias probatorias de la entidad durante el proceso. La sentencia obliga ahora a rectificar el error y asumir los costes derivados.
Más allá del caso concreto, el episodio pone de manifiesto que, también cuando se trata de operaciones que afectan directamente a pequeños empresarios o particulares, la precisión administrativa y la capacidad de respuesta no deberían ser aspectos secundarios.
