La reciente historia política cuenta con variados ejemplos de iniciativas sociales que no han llegado a buen puerto o, incluso, ni siquiera han llegado a zarpar por un defecto de celo a la hora de contar con todas las partes implicadas. El denominado Plan Veo, puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad, podría pasar a engrosar esta relación.
El programa lanzado por la titular de la cartera, Mónica García, contempla ayudas de hasta 100 euros para las familias que tengan que afrontar gastos en gafas correctoras para menores de 17 años. El problema radica en que los oftalmólogos han quedado fuera de la ecuación, dado que bastaría con la opinión de los ópticos, que no cuentan con titulación médica, para acceder a las ayudas.
Lejos de constituir una polémica sin más, el asunto ya ha llegado a la Audiencia Nacional, que podría dar al traste con la iniciativa. En una época en la que los costes se han disparado para las familias, ayudas públicas como ésta se antojan especialmente oportunas. Especialmente, cuando se trata de asuntos relacionados con la salud y la calidad de vida.
De ahí que resulte al menos paradójico que un programa de este tipo no pueda salir adelante por no ser cuidadoso con las formas. Pero, sobre todo, por no sentar a la mesa a todas las partes implicadas y solamente pronunciar el anuncio cuando se dé un acuerdo. La precipitación política acaba muchas veces en frustración ciudadana. Un escenario a evitar.