Carles Puigdemont, presidente de Junts
Carles Puigdemont y su partido, Junts per Catalunya, vuelven a evidenciar su doble rasero en política migratoria. El expresidente de la Generalitat fugado criticó ayer con contundencia al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y al actual president, Salvador Illa, por el desalojo de medio millar de personas sintecho de un antiguo instituto municipal. Unos reproches que chocan con el alineamiento de los posconvergentes con ciertos postulados de la ultraderecha secesionista.
Al mismo tiempo, el líder de Junts apuntó que se debe reconocer y asumir que esta realidad existe, y que está presente en muchos municipios. Y, aprovechando la ocasión, volvió a insistir al Gobierno que traspase las competencias de inmigración a la Generalitat, y dote a los ayuntamientos de herramientas legales y recursos para dar "respuestas responsables a las inquietudes" de la ciudadanía.
En este sentido, cabe recordar que, entre las demandas de los posconvergentes a cambio de seguir apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez este 2025 figuraba, precisamente, esa delegación de competencias estatales clave en materia migratoria a Cataluña, como el control de fronteras por parte de la Generalitat, la expulsión de migrantes o la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Un acuerdo que, finalmente, no salió adelante al no obtener respaldo en el Congreso.
También resulta curioso que Puigdemont, prófugo de la justicia tras haber impulsado un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017, diga ahora, al hilo de este asunto, que "ni el populismo ni el extremismo" aportan soluciones a los conflictos.
